El auge del alquiler vacacional está expulsando cada verano a decenas de residentes de sus propias viviendas en los destinos turísticos españoles, que se ven obligados a guardar sus pertenencias en cajas y buscar un techo alternativo durante los meses de mayor afluencia de visitantes. La falta de vivienda asequible de larga duración ha convertido la temporada alta en un periodo de incertidumbre para trabajadores que, pese a tener empleo e ingresos, no encuentran un hogar estable.
Jessica Ferrero, de 40 años y empleada en la estación de esquí de Baqueira, epicentro turístico del Valle de Arán, es una de las afectadas. Cada mes de agosto, ella y su novio deben abandonar su piso por un acuerdo verbal alcanzado hace cinco años con sus caseros, que recuperan la vivienda durante el mes de mayor demanda turística. «Tengo que elegir entre vivir en la calle o el miedo a ser desalojada por el turismo», lamenta. Esta temporada, la pareja se separará durante el mes: ella se irá con su familia a El Bierzo y él ha conseguido un alquiler por un mes en la zona.
Ferrero, que llegó al valle hace dos décadas, explica que entonces «podías permitirte el lujo de elegir dónde querías vivir porque la oferta era muy competente para nosotros como trabajadores». Ahora, en cambio, la conversión de viviendas en alojamientos turísticos ha reducido drásticamente la oferta disponible para residentes. «Llevamos desde enero de 2025 buscando un piso en el que poder vivir todo el año, pero es imposible, no hay nada y lo que hay no lo podemos pagar», declara. «No quiero tener que estar pensando que te tienes que ir. Sientes como que no es tu casa, porque en realidad no lo es».
El fenómeno se reproduce en todo el país. El Informe Anual 2025 del Banco de España señala que las viviendas de uso turístico representan ya cerca de la mitad del parque en algunos centros urbanos: un 44,9% en Sevilla y un 44,6% en Málaga. La situación es aún más acuciante en zonas con menor oferta, como el propio Valle de Arán, donde residen poco más de 10.000 personas y se registran 1,64 millones de pernoctaciones turísticas al año.
La dificultad para acceder a una vivienda está teniendo consecuencias directas sobre la economía local. Patronales hoteleras como Exceltur han denunciado los problemas de las empresas para encontrar personal precisamente por la imposibilidad de los trabajadores de conseguir un lugar donde vivir. «Yo he conocido a mucha gente que se ha tenido que ir porque ha encontrado trabajo, pero no encuentra vivienda», asegura Ferrero. «Uno de los principales problemas de España siempre fue el paro y ahora resulta que tenemos trabajo, pero no tenemos una vivienda. Da igual que tengas dinero, porque no tienes ni vivienda».
La misma dinámica se observa en la comarca valenciana de la Safor. Con la llegada del verano se produce un doble movimiento poblacional: los turistas llegan a los municipios costeros como Playa de Gandía y una parte de la población local se va para dejarles sitio. Una comunidad mayoritariamente migrante abandona cada año sus viviendas de invierno en la costa para buscar habitaciones en el interior durante los meses estivales.
Valeria, una nicaragüense de 47 años que prefiere utilizar un nombre ficticio para proteger su identidad como solicitante de asilo, vive esta situación desde hace tres años en Gandía junto a su marido y su hijo de 27 años. La familia aceptó un contrato temporal de alquiler de nueve meses durante el invierno en Playa de Gandía, por el que paga 650 euros mensuales, y debe buscar una habitación en el municipio de Gandía, en el interior, durante el verano. «Lo más duro es que, durante esos nueve meses, yo no estoy de paso. He creado rutinas, he hecho amistades, me siento parte del barrio. Pero cada primavera, esa seguridad se rompe», declara.
«Tener que vaciar mi casa, guardar mis cosas en cajas y buscar otro techo cada verano me genera una incertidumbre constante. Nunca siento que estoy en un hogar, sino en una estancia temporal. Cada año es como empezar de nuevo, pero tenemos que escoger, o vivir en la calle o vivir bajo ese miedo constante de estar desalojados por el turismo», añade Valeria. A pesar de trabajar a más de 70 kilómetros de Gandía, no encontró otra opción a la que pudiera acceder económicamente. Explica que para un piso de larga duración «piden de tres a cuatro meses de depósito», un desembolso inicial que puede rondar los 5.000 euros.
Este año la familia estuvo a punto de no abandonar el piso ante la imposibilidad de encontrar habitación en Gandía. Finalmente logró una alternativa casi en el último instante y evitó un conflicto abierto con la inmobiliaria, cuyo contrato incluye una cláusula que obliga a los inquilinos a dejar la vivienda durante los meses de verano.
Mientras España encadena récords históricos de visitantes, los trabajadores que sostienen la industria turística denuncian una paradoja cada vez más extendida: tener empleo e ingresos pero no poder permitirse vivir en las localidades donde trabajan. La expansión del alquiler vacacional, alimentada por su mayor rentabilidad frente al arrendamiento tradicional, sigue reduciendo el parque de vivienda residencial y empuja a una parte creciente de la población a una inseguridad habitacional crónica.