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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado este martes de «paripé» la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrada el lunes, en la que el Ministerio de Hacienda planteó a las autonomías un mayor margen de déficit y gasto para 2027. A su juicio, los Presupuestos Generales del Estado «no saldrán adelante» y todo el proceso no fue más que «un engaño».
Durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el que presentó al presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, Ayuso sostuvo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está cumpliendo trámites previos para unos presupuestos como «maniobra de distracción» ante los casos de corrupción que rodean al Gobierno y como «propaganda» con vistas al programa electoral del PSOE. «Trataron de convencernos de que habrá nuevos presupuestos cuando ni siquiera cuentan con el respaldo de sus socios», señaló la dirigente madrileña.
El CPFF aprobó el lunes la senda de estabilidad para las comunidades autónomas, paso necesario para las cuentas estatales, con la mayoría de Hacienda y el respaldo de las regiones socialistas —Cataluña, Castilla-La Mancha y Asturias—. El PP votó en contra por considerar «irrelevante» el objetivo: un déficit del 0,1 % del PIB anual entre 2027 y 2029 y una deuda del 18,9 % del PIB en 2027, del 18,3 % en 2028 y del 17,7 % en 2029. Ayuso interpreta que Hacienda propone «techos de gasto inasumibles» con el objetivo de incrementar la presión sobre los servicios públicos de competencia autonómica —en su mayoría gestionados por el PP— para después «sacar la pancarta» y, con el apoyo de los sindicatos, promover «un otoño caliente».
La presidenta madrileña también denunció que el Gobierno busca «comprar voluntades» a través de los Presupuestos para «destruir la unidad del país». En su intervención, aseguró que el Ejecutivo ha vuelto a utilizar los intereses de todos los españoles como «coartada» para dos fines: primero, lanzar una maniobra de distracción sobre la corrupción que rodea al Gobierno, con un número de imputados que, según afirmó, «va camino de los 130»; y segundo, «manosear» un instrumento tan serio como el presupuesto para elaborar unas cuentas que, insistió, «todos sabemos que no van a nacer», pero que ya están sirviendo como propaganda electoral de cara al programa del PSOE.
Ayuso añadió que las propuestas del Gobierno en financiación autonómica supondrían «financiar siete veces a Cataluña por encima de Madrid» y «dar impulso a la Hacienda catalana». En este contexto, defendió que, mientras Ossorio ejerce una presidencia parlamentaria «justa» y «moderada», en el Congreso de los Diputados Francina Armengol «retuerce el Reglamento» y mantiene «paralizadas» iniciativas legislativas del PP. También afirmó que es cada vez más complejo ejercer de «oposición» y «contrapeso» frente al «proyecto minoritario» de Sánchez, que, según dijo, está «cogido con pinzas», sometido a «chantajes continuos» y ha provocado que «el ambiente político del país se haya desquiciado».
Asimismo, la dirigente madrileña denunció la existencia de «una opinión pública secuestrada por el Gobierno» y «un uso descarado de las instituciones y los medios del régimen». Para Ayuso, este nuevo «escándalo» refleja que en España «todo se está degradando a gran velocidad». «Parece que el dinero público solo se destina a campañas gubernamentales, a rescates de amigos socialistas y nunca a apoyar a las familias ni a las vidas que están en camino», concluyó.
El PP de Ayuso ha lanzado a sus alcaldes a una guerra de guerrillas contra el Gobierno y el PSOE, buscando desgastar al Ejecutivo de Sánchez a un año de las elecciones con temas de incidencia local como la regularización de inmigrantes, la vivienda o el transporte. Mientras tanto, en Génova cuestionan los vaivenes en un debate que «no nos aporta nada» y en el que Ayuso ha llevado un carril propio. Feijóo ha clarificado su posición, se distancia de Vox y apoya nacionalizar a los descendientes, pero ve necesario poner límites.