El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como investigado el próximo 10 de septiembre al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos, en el marco de la causa conocida como 'caso cloacas'. El instructor responde así a la petición de la acusación popular unificada, liderada por el Partido Popular, que denunció la existencia de indicios suficientes de su participación en una operación para alterar o desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.
En su escrito, los populares sostienen que «los hechos investigados responden a una actuación coordinada por la cúpula de la Guardia Civil». La acusación subraya la «incoherencia» de dirigir la investigación contra el número dos operativo, Manuel Llamas, y la actual directora general del cuerpo, Mercedes González, y no llamar a declarar a quien fue superior jerárquico del primero y antecesor de la segunda, y a quien tanto el exjefe de la UCO Rafael Yuste como el propio Llamas sitúan como participante activo en los hechos.
Dos generales de la Guardia Civil ya han declarado ante la UCO y ante el juez que recibieron presiones de Leonardo Marcos en relación con investigaciones que afectaban al PSOE o al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) llegó a denunciar que Marcos ordenó cambiar un informe sobre el hermano de Sánchez y que se pidió a los agentes «no ser proactivos» en los casos políticos.
La imputación de Marcos se suma a la de Mercedes González, quien ya figura como investigada en la misma causa. Según las acusaciones, la correlación entre los contactos de la directora general con la trama, la apertura de informaciones reservadas y las instrucciones transmitidas a la UCO no puede analizarse excluyendo a quien encabezaba la estructura entre junio de 2023 y septiembre de 2024, período en el que Marcos era el máximo responsable de la Guardia Civil.
Además de la citación a Marcos, el juez Pedraz ha acordado llamar como testigo el mismo 10 de septiembre al fiscal jefe de Badajoz, José Luis Tejuca. En la resolución, el instructor requiere a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Provincial de Badajoz que remitan toda la documentación relacionada con el expediente de la denuncia presentada contra Leire Díaz, conocida como la «fontanera» del exfiscal general Álvaro García Ortiz.
La acusación popular ha solicitado estas diligencias para esclarecer si la Fiscalía General dio instrucciones para realizar gestiones en torno a esa denuncia. Cabe recordar que el exnúmero dos de García Ortiz, Juan Manuel Villafañe, reconoció ante el juez haber enviado un informe al fiscal de Badajoz sobre el procedimiento abierto contra Leire Díaz. Ahora se pide investigar si hubo alguna instrucción para archivar la denuncia.
El juez ha solicitado una copia íntegra de todas las comunicaciones relacionadas con la denuncia, mantenidas entre cualesquiera fiscales, funcionarios o responsables del Ministerio Fiscal que hubieran intervenido en su tramitación. Sin embargo, el instructor no ha accedido a la petición de llamar a declarar a Leire Díaz, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al exjefe de Gabinete de Sánchez, Juanma Serrano, al considerar que estas diligencias se acordarán una vez que reciba la causa completa por parte del juez de Madrid, Arturo Zamarriego.
Respecto a Vicente Fernández, el juez insiste en que será llamado a declarar «una vez se avance en el análisis del material intervenido y diligencias acordadas». Un escenario similar al de Juanma Serrano, que permanece a la espera del volcado de su teléfono, acordado para el próximo 18 de agosto.
El 'caso cloacas' ha sufrido un notable impulso en las últimas semanas. El juez Pedraz también ha convocado a las secretarias de Ferraz, Celia Rodríguez y Covadonga San Diego, para que aporten sus comunicaciones con Santos Cerdán, Ana María Fuentes, Juan Manuel Serrano y Leire Díaz, en el marco de otra línea de investigación centrada en la trama SEPI. La investigación busca determinar si existió una estructura parapolicial destinada a presionar a fiscales y jueces para favorecer intereses gubernamentales.
La imputación de Leonardo Marcos supone un paso más en la escalada judicial del caso. Las defensas de los investigados podrán recurrir la decisión del juez, mientras que la acusación popular confía en que la declaración del exdirector de la Guardia Civil arroje luz sobre el alcance de las supuestas presiones y la eventual coordinación desde la cúpula del instituto armado. El próximo 10 de septiembre será clave para el devenir de la causa.