El Partido Popular y Vox han sellado un acuerdo de gobierno en Andalucía que incorpora las principales tesis de la extrema derecha en materia migratoria, fiscal y cultural, a cambio de la estabilidad parlamentaria que necesita Juanma Moreno para ser investido presidente de la Junta. El pacto, firmado apenas 30 minutos antes de la votación de investidura, otorga a Manuel Gavira, líder de Vox en la región, una vicepresidencia con la consejería de Turismo, Administración Local y Justicia, una supercartera que concentra competencias clave.
El documento de 150 medidas refleja un endurecimiento radical en el discurso migratorio. El acuerdo decreta un «rechazo frontal» a la llegada de más menores extranjeros no acompañados (MENA) y estipula la «supresión total» de subvenciones a ONG que, según el texto, «favorezcan la inmigración ilegal». Además, se prohíbe el uso del burka y el nicab en espacios públicos autonómicos, una medida que Vox ha impulsado en otras comunidades donde gobierna en coalición.
La gran victoria discursiva de Vox cristaliza en el blindaje de la llamada «prioridad nacional». El texto establece que «el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio». Este mismo principio rector se aplicará para el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social, un concepto que el propio Moreno había calificado durante la campaña como «literatura» de Vox y un «lío».
El acuerdo no contiene ninguna mención a la violencia machista ni a la violencia de género. Las únicas referencias directas a la mujer en el texto se limitan a la prohibición del burka y el nicab, justificada como una práctica que «invisibiliza a la mujer y vulnera los valores de igualdad y dignidad», y a la puesta en marcha de un «Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada». Tampoco hay ninguna mención al colectivo LGTBIQ+.
En el ámbito medioambiental, el PP ha accedido a rechazar explícitamente «las imposiciones de agendas ideológicas» en el cuidado del medio ambiente, declarando a Andalucía libre de las cargas del Pacto Verde europeo. El pacto rechaza la condicionalidad climática del Pacto Verde y la reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034, argumentando que encarece la producción sin ofrecer contrapartidas. Esta postura supone un giro hacia el negacionismo climático que Vox ha defendido en otras regiones.
En la llamada «batalla cultural», las cesiones a Vox son notables. El Gobierno andaluz pondrá fin al Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los colegios, alegando que es un intento de «diluir nuestra identidad». En contrapartida, el pacto se compromete a promocionar activamente la tauromaquia y la caza, protegiendo la ganadería brava, las escuelas taurinas y las plazas de toros frente a cualquier intento de discriminación ideológica o exclusión de las políticas públicas.
Ambas formaciones han acordado impulsar una «Nueva Ley de Concordia» que derogará y sustituirá a la actual normativa andaluza en materia de memoria histórica. El documento incluye la Memoria Histórica en el apartado de «Leyes Ideológicas», una categoría que Vox ha utilizado en otros acuerdos autonómicos para eliminar las políticas de reparación a las víctimas del franquismo.
En materia fiscal, el pacto contempla reducir la cuota autonómica del IRPF en un 0,25% en los tramos de menos de 60.000 euros cada año, hasta un punto porcentual al final de la legislatura. También se acuerda la derogación de los impuestos a los vertidos y a las bolsas de plástico, una medida que busca aliviar la carga fiscal sobre empresas y ciudadanos, pero que ha sido criticada por organizaciones ecologistas por su impacto ambiental.
Moreno ha justificado el acuerdo señalando que «la dinámica parlamentaria te lleva a llegar a acuerdos» para evitar una parálisis autonómica y nuevas elecciones. Sin embargo, ha admitido que, pese a tener «sensibilidades diferentes», han realizado un «esfuerzo de aproximación» que ha implicado asumir gran parte del programa de Vox. El pacto, que consolida la presencia de la extrema derecha en el Ejecutivo andaluz, marca un precedente en la comunidad autónoma más poblada de España y podría influir en futuras negociaciones en otras regiones.