El caso Plus Ultra ha dado un giro significativo este lunes con la presentación de escritos de colaboración por parte de dos figuras clave en la investigación: Julio Martínez Martínez, hasta ahora considerado un estrecho colaborador del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea. Ambos han situado a Zapatero en el centro de los esfuerzos para obtener el rescate público de 53 millones de euros en 2021, y han detallado que la comisión del 1% sobre esa cantidad, unos 530.000 euros, se canalizó a través de facturas falsas.

En un escrito remitido a la Audiencia Nacional, Julio Martínez Martínez, conocido como 'Julito', atribuyó a Zapatero un papel central en las gestiones para que Plus Ultra lograra la financiación pública durante la pandemia. Según su defensa, el expresidente era «quien marcaba los pasos a seguir» para la obtención del rescate, mientras que él mismo actuaba como intermediario entre el cliente y el consultor, es decir, Zapatero. Martínez subrayó que por sí mismo «no tenía posibilidad alguna de obtener nada (...) mucho menos financiación pública o privada».

El escrito detalla que los honorarios acordados ascendían aproximadamente al 1% de la cantidad obtenida, unos 530.000 euros, y que se pactó su pago en diferido hasta 2026 para evitar la «presión mediática sobre la financiación pública». Este montante se canalizó a través de tres sociedades vinculadas a Julio Martínez: Análisis Relevante, Voli Analítica e Iot Dom. Las defensas del presidente y del director financiero de Plus Ultra confirmaron que la comisión se abonó mediante facturas «inciertas» o mendaces, lo que refuerza las sospechas de un presunto delito de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

La declaración de Julio Martínez Martínez ante el juez José Luis Calama y la fiscalía está prevista para este martes, donde deberá responder a preguntas sobre los detalles de la trama. Sin embargo, su escrito ya contradice frontalmente lo declarado por Zapatero el pasado 16 de junio, cuando negó haber ejercido influencia alguna para favorecer el rescate y afirmó no haber contactado con funcionarios o autoridades por este asunto. El expresidente solo reconoció haber conocido en 2024 al entonces vicepresidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola.

Según la documentación presentada, la relación entre Zapatero y la consultora Análisis Relevante era mucho más estrecha de lo que el expresidente había admitido. Martínez sostiene que, aunque Zapatero no figuraba formalmente en el accionariado ni en los órganos de la empresa, era «quien la lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes». Además, se acordó una iguala mensual de 3.000 euros para que la empresa de las hijas de Zapatero, Whathefav, maquetara los informes de la consultora.

Los escritos de las defensas de Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, presidente y director financiero de Plus Ultra respectivamente, son aún más explícitos. Explican que el contacto con Zapatero se realizó a través de Manuel Fajardo y detallan que el contrato para cobrar la comisión se formalizó el 19 de enero de 2021. Según estos documentos, los pagos se distribuyeron de la siguiente manera: 249.000 euros a Análisis Relevante, 98.617,53 euros a Voli Analítica y 110.799,47 euros a Iot Dom. Estas cantidades suman aproximadamente el 1% del rescate total, tal como se había acordado.

La investigación, que comenzó hace más de un año, se centra ahora en determinar si Zapatero realizó gestiones concretas para desbloquear el rescate y con qué funcionarios pudo haber contactado. Hasta el momento, los escritos presentados no especifican las acciones concretas del expresidente, pero sí establecen un vínculo directo entre su intervención y la obtención de la financiación pública. La fiscalía y el juez Calama deberán evaluar si estos indicios son suficientes para imputar a Zapatero por tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

El caso Plus Ultra ha sido uno de los más polémicos de los últimos años en España, ya que la aerolínea recibió un rescate de 53 millones de euros del fondo de apoyo a empresas estratégicas durante la pandemia, a pesar de estar en concurso de acreedores y tener vínculos con empresarios cercanos al expresidente. La investigación judicial ha revelado una compleja red de sociedades y contratos que habrían servido para canalizar comisiones ilegales a cambio de influir en la concesión de la ayuda pública.

Este lunes, la defensa de Julio Martínez Martínez anunció su colaboración con la justicia, lo que podría implicar una reducción de su condena a cambio de revelar todos los detalles de la trama. Sin embargo, su declaración de este martes será crucial para determinar el alcance de su implicación y la de Zapatero. Mientras tanto, el expresidente mantiene su versión de los hechos, aunque los nuevos documentos presentados por los empresarios de Plus Ultra ponen en entredicho su relato.