La defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha elevado este martes una denuncia contra el Reino de España ante la Comisión Europea, al considerar que la actuación del Tribunal de Cuentas vulnera la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avaló la ley de Amnistía. El abogado Gonzalo Boye ha registrado un escrito de 86 páginas que incluye tanto la denuncia ante Bruselas como un recurso ante el propio TJUE, en el que reclama que el órgano fiscalizador aplique la amnistía de forma inmediata y sin nuevos trámites.
La iniciativa llega después de que el Departamento Segundo de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas concediera este lunes un plazo de diez días para que las partes personadas presenten alegaciones en el procedimiento sobre la responsabilidad contable derivada del referéndum del 1 de octubre de 2017 y de la acción exterior de la Generalitat durante el proceso independentista. En esta causa están investigados una treintena de antiguos altos cargos del Ejecutivo catalán, entre ellos el propio Puigdemont, los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, así como el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el secretario general de Junts, Jordi Turull.
La defensa de Puigdemont sostiene que ese trámite contradice la interpretación realizada por el TJUE. La sentencia de Luxemburgo establecía que, cuando una causa queda amparada por la ley de Amnistía, procede declarar la «extinción de responsabilidad» sin necesidad de valorar alegaciones ni pruebas exculpatorias. Con ese argumento, Boye acusa al Tribunal de Cuentas de haber tergiversado el contenido de la sentencia europea en la nota de prensa difundida tras su decisión, y considera que el órgano fiscalizador ha desobedecido de forma «manifiesta y deliberada» el mandato judicial europeo.
La postura del abogado coincide con la expresada este martes por el fiscal jefe ante el Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo Santamaría, quien calificó de «innecesario e improcedente» el acuerdo adoptado por el órgano fiscalizador. Además de abrir un periodo de alegaciones, el Tribunal de Cuentas solicitó documentación para acreditar el origen de los fondos empleados en la organización del referéndum del 1-O y en la acción exterior de la Generalitat. Tanto la Fiscalía como Boye recuerdan que el TJUE ya concluyó que los gastos relacionados con el procés no afectaron a los intereses financieros de la Unión Europea.
Hasta ahora, la defensa de Puigdemont había optado por no promover nuevos recursos al entender que el fallo del TJUE era suficientemente claro y que correspondía a los tribunales españoles aplicarlo. Sin embargo, la decisión del Tribunal de Cuentas ha llevado a Boye a modificar su estrategia y acudir tanto a la Comisión Europea como al propio tribunal con sede en Luxemburgo. La denuncia, que firman también los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, acusa al Tribunal de Cuentas de un incumplimiento deliberado de la sentencia europea.
En paralelo, el Tribunal Constitucional ha fijado para el próximo 22 de septiembre la deliberación del primer recurso de amparo presentado contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la ley de Amnistía a los condenados por malversación en el procés. El primer asunto que estudiará el pleno será el recurso del secretario general de Junts, Jordi Turull. No obstante, no se espera una resolución definitiva en esa fecha, ya que el magistrado ponente, José María Macías, mantiene una posición contraria a la amnistía, por lo que previsiblemente será sustituido y la deliberación continuará en octubre.
Según informó este martes el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, el resto de recursos pendientes se irán abordando en los siguientes plenos, una vez conocida la interpretación del TJUE sobre la ley de Amnistía. Este mismo martes, Conde-Pumpido fue recibido por el rey Felipe VI para hacer entrega de la memoria anual de actividades del Tribunal Constitucional correspondiente a 2025, un encuentro en el que, según informó el propio tribunal, destacó la importancia de la reciente sentencia del TJUE.
Carles Puigdemont continúa encausado tanto en el Tribunal Supremo como en el Tribunal de Cuentas. En la causa del órgano fiscalizador también figuran los exconsejeros Lluís Puig y Toni Comín, que permanecen fuera de España, además de otros dirigentes independentistas como el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y Jordi Turull. Gonzalo Boye ejerce la defensa de Puigdemont, Puig y Comín. La decisión del Tribunal de Cuentas de abrir un nuevo trámite de alegaciones ha reavivado la tensión entre el independentismo catalán y el Estado, en un momento en que la aplicación de la ley de Amnistía sigue siendo objeto de controversia judicial.