La Fiscalía de Área de Arrecife, en Lanzarote, ha dado un paso decisivo en el denominado 'caso Sosa' al remitir sus conclusiones a la Fiscalía del Tribunal Supremo, al apreciar indicios racionales de delito contra la diputada nacional del PSOE, María Dolores Corujo. El fiscal titular, Fernando Rodríguez Navarro, ha cerrado este viernes su investigación sobre la forma en que se tramitó el paso del tránsfuga y portavoz del Grupo de Coalición Canaria (CC), Juan Manuel Sosa, al Gobierno que presidía Corujo, y ha determinado que los hechos podrían constituir varios delitos graves.
En el oficio comunicado a las partes afectadas, el fiscal señala que, aunque la calificación que con mayor claridad se aprecia en esta fase es la de prevaricación administrativa, contemplada en el artículo 404 del Código Penal, no descarta que la investigación pueda conectar con otros tipos penales. Entre ellos, cita la malversación de caudales públicos, si la resolución permitió el mantenimiento de percepciones económicas indebidas con cargo a fondos públicos; la falsedad documental, de acreditarse que el decreto incorporó informes inexistentes, incompletos o no emitidos tal y como se refleja en la resolución; y el fraude a la administración, si se demuestra una actuación concertada para sostener artificialmente una situación administrativa sin cobertura legal.
El propio fiscal justifica por qué no continúa personalmente con el asunto, que en ningún caso archiva, dado que aprecia posibles conductas delictivas. En el noveno punto de su oficio insiste en que no le corresponde a su fiscalía agotar la investigación ni formular una imputación formal, sino remitir las actuaciones al órgano del Ministerio Fiscal competente para que valore la continuación de las diligencias y, en su caso, promueva las actuaciones oportunas ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La determinación definitiva de esos extremos excede las competencias de su Fiscalía de Área desde el momento en que los indicios afectan a una persona aforada, como es el caso de Corujo, que goza de la condición de diputada nacional.
Antes incluso de que trascendiera el contenido del oficio, la propia diputada se adelantó enviando un comunicado desde su partido en el que aseguraba confiar en que la Fiscalía del Supremo archive lo que ella califica como «una denuncia interpuesta por el abogado de Coalición Canaria (CC) David Monte», basada, según su versión, en «falsedades, medias verdades y en un claro objetivo político». Lo que el PSOE omite en su nota es precisamente la calificación que hace el fiscal dependiente de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, quien no quiere que la causa se archive en esta fase, al entender que podrían haberse cometido numerosos y graves delitos tras analizar la documentación recibida y los testimonios tanto de los investigados como de los testigos.
Desde la formación en Lanzarote se limitan a expresar su confianza en que la Fiscalía del Tribunal Supremo proceda al archivo de la denuncia. Corujo, sin embargo, va más allá y sostiene que lo ocurrido se debe a que la Fiscalía de Arrecife «es incompetente para citarme a declarar por mi condición de diputada, y debe ser la Fiscalía del Supremo la que instruya las diligencias preprocesales». La máxima responsable del PSOE en la isla, anticipándose a la información que sabía que iba a difundirse del extenso escrito de conclusiones del fiscal de Arrecife, remató de forma escueta: «Ahora es el momento de las diligencias preprocesales, pero tan pronto se archiven, como confío que sucederá, llegará el momento de exigir responsabilidades a quien ha presentado una denuncia falsa para dar cumplimiento a un encargo político».
El 'caso Sosa' se centra en la controvertida tramitación que permitió al tránsfuga Juan Manuel Sosa, hasta entonces portavoz de Coalición Canaria, integrarse en el Gobierno que presidía Corujo. Esta maniobra política, que en su momento generó una fuerte polémica en el panorama político canario, es ahora objeto de escrutinio judicial por las posibles irregularidades administrativas y penales que pudieron cometerse para facilitar el cambio de grupo político. La investigación del fiscal de Arrecife ha analizado en profundidad los decretos y documentos administrativos que sustentaron la incorporación de Sosa, y ha concluido que existen elementos suficientes para sospechar que se pudo haber actuado al margen de la legalidad.
Ahora, la Fiscalía del Tribunal Supremo deberá decidir si asume la investigación y, en su caso, presenta una querella contra Corujo ante la Sala Segunda del Alto Tribunal. El proceso se encuentra en una fase preprocesal, pero las conclusiones del fiscal de Arrecife suponen un serio revés para la diputada socialista, que se enfrenta a la posibilidad de que el Supremo abra diligencias penales en su contra. La resolución de este caso podría tener importantes consecuencias políticas en Lanzarote y en el seno del PSOE canario, donde la figura de Corujo ha sido clave en los últimos años.