El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha autorizado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a investigar cerca de sesenta cuentas bancarias relacionadas con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su círculo más cercano. La medida, adoptada en el marco del caso Plus Ultra, busca rastrear los movimientos financieros desde enero de 2020 en más de diez entidades para contrastarlos con las operaciones ya detectadas por los investigadores, que apuntan a una posible trama de tráfico de influencias.
Según el auto judicial, los avances indican que los pagos realizados por clientes de la organización podrían haber llegado directamente al expresidente y a la empresa de sus hijas, Whathefav, o haberse canalizado a través de un entramado societario controlado por Julio Martínez Martínez, considerado por la Policía como el «gestor económico» de la organización. Los investigadores sostienen que Zapatero sería el «beneficiario principal», mientras que Martínez actuaría como «gestor y canalizador» de los fondos mediante distintas sociedades, entre ellas Caletón Consultores, Summer Wind, Zenzap e Inteligencia Prospectiva.
Una de las nuevas líneas de investigación se centra en el patrimonio de Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente. La UDEF ha detectado que Alcázar adquirió una vivienda en Velilla de San Antonio (Madrid) por 132.055 euros sin hipoteca, mediante pagos periódicos entre marzo de 2021 y junio de 2023. Aunque hasta el momento no se ha constatado que recibiera fondos directamente de la presunta trama, el juez considera necesario analizar su patrimonio por el papel que los agentes le atribuyen en la operativa, especialmente por su intervención en comunicaciones, intercambio de documentación y control de la agenda del expresidente.
El magistrado también ha autorizado investigar las cuentas vinculadas al empresario Julio Martínez, propietario de Análisis Relevante, así como los movimientos de otras sociedades como ASP Rentas, que según la UDEF registró entre 2020 y 2025 cerca de dos millones de euros tanto en entradas como en salidas de fondos, un volumen que no se correspondería con los ingresos declarados por la compañía. Además, se revisarán otros productos bancarios de las sociedades bajo sospecha y se ha ordenado abrir una pieza separada para incorporar la documentación bancaria que se reciba, con el objetivo de depurar aquellos datos no relevantes para la causa o que puedan afectar a la intimidad de los implicados.
Estas diligencias se enmarcan en el caso Plus Ultra, en el que se investigan presuntas irregularidades en el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea durante la pandemia. La causa trata de esclarecer si existió una red de tráfico de influencias vinculada a la concesión de esa ayuda pública. La autorización judicial supone un paso significativo en la investigación, aunque no implica culpabilidad alguna para los investigados, que mantienen su presunción de inocencia mientras se recaban las pruebas necesarias.