La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elevado la presión comercial sobre 60 economías al imponer nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 %, bajo el argumento de que estos países no han realizado esfuerzos suficientes para combatir el trabajo forzoso. La medida, anunciada por la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, sustituye el arancel global temporal del 10 % que expiraba este viernes y representa una nueva fase en la guerra comercial que Trump ha impulsado desde abril de 2025.
Los nuevos gravámenes establecen un arancel adicional del 10 % para las importaciones procedentes de 17 economías y del 12,5 % para otras, mientras que para algunos socios comerciales las tasas varían según el producto. Entre los países afectados se encuentran las 27 economías de la Unión Europea, que afrontarán un arancel conjunto del 10 %. También figuran India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Suiza, Canadá y Reino Unido, aunque las tasas aplicables varían en algunos casos según el origen y el tipo de producto importado. China, que ya enfrenta aranceles superiores y específicos, no aparece en la nueva lista.
En América Latina, la medida afecta a Guatemala, Honduras y El Salvador, que deberán pagar un arancel adicional del 10 %. México también está incluido en la lista, aunque el Gobierno mexicano ha matizado que el 85 % de sus exportaciones quedarán amparadas bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que el impuesto se aplicará solo al 15 % restante. Costa Rica, Panamá y República Dominicana, por su parte, estarán sujetos a un gravamen del 12,5 %.
La decisión de la Casa Blanca se basa en investigaciones iniciadas en marzo bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense. Estas investigaciones buscaban determinar si las políticas y prácticas de esos países relacionadas con la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso perjudican a los trabajadores y empresas estadounidenses. Tras las consultas con los Gobiernos afectados, la oficina de Greer concluyó que las prácticas identificadas justifican la adopción de medidas comerciales correctivas.
La política arancelaria de Trump ha sido uno de los ejes centrales de su agenda económica desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025. Sin embargo, su estrategia ha estado marcada por una disputa legal sobre el alcance de las facultades presidenciales para imponer gravámenes al comercio exterior. En febrero, el Tribunal Supremo anuló la mayor parte de sus aranceles globales, lo que llevó a la Administración a recurrir a otras herramientas legales, como la Sección 301, para mantener su estrategia comercial y aplicar nuevos aranceles a las importaciones.
La medida ha generado reacciones diversas en los países afectados. En la Unión Europea, las autoridades han expresado su preocupación por el impacto que estos aranceles podrían tener en las relaciones comerciales transatlánticas. Bruselas ha señalado que evaluará las implicaciones de la decisión y no descarta tomar represalias si considera que las medidas son desproporcionadas. Por su parte, el Gobierno mexicano ha tratado de minimizar el impacto al destacar que la mayor parte de sus exportaciones están protegidas por el T-MEC.
Los nuevos aranceles también afectan a economías asiáticas clave como Japón, Corea del Sur y Taiwán, que son importantes socios comerciales de Estados Unidos. En India, las autoridades han mostrado su descontento y han anunciado que buscarán una solución diplomática para evitar una escalada en las tensiones comerciales. Suiza y Reino Unido, por su parte, han solicitado aclaraciones sobre los criterios utilizados para determinar las tasas aplicables a sus productos.
La decisión de la Administración Trump se produce en un contexto de creciente tensión comercial global, donde el uso de aranceles como herramienta de presión política y económica se ha intensificado. Los expertos advierten que estas medidas podrían tener consecuencias significativas para el comercio internacional, especialmente si los países afectados deciden responder con represalias similares. Además, el recurso a la Sección 301, una ley diseñada originalmente para combatir prácticas comerciales desleales, ha sido criticado por algunos sectores que consideran que su uso para abordar el trabajo forzoso es cuestionable desde el punto de vista legal y diplomático.
La Casa Blanca ha defendido la medida como necesaria para proteger los derechos laborales y la competitividad de la industria estadounidense. Según fuentes oficiales, las investigaciones revelaron que varios de los países sancionados no han implementado mecanismos efectivos para prevenir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, lo que pone en desventaja a los productores nacionales que cumplen con las normas laborales. Sin embargo, críticos de la política arancelaria de Trump señalan que estas medidas podrían terminar perjudicando a los propios consumidores estadounidenses, al encarecer los productos importados y reducir la oferta disponible en el mercado.
En cualquier caso, los nuevos aranceles representan un paso más en la estrategia comercial de Trump, que busca redefinir las reglas del comercio global en beneficio de Estados Unidos. Queda por ver cómo responderán los países afectados y si esta escalada arancelaria derivará en una nueva ronda de negociaciones o en un conflicto comercial de mayor envergadura.