La fiscal Almudena Lastra, que se enfrentó al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz durante el juicio por la filtración de datos reservados sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra su no renovación al frente de la Fiscalía Superior de Madrid. La decisión, adoptada por la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha sido interpretada por sectores de la carrera fiscal como una represalia por la actuación independiente de Lastra en un caso de gran relevancia política.

Lastra interpuso el anuncio de demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo contra el Real Decreto que designa a María Isabel Martín López como nueva fiscal superior de la Comunidad de Madrid. El pasado 30 de abril, Peramato propuso al Gobierno el nombramiento de Martín, quien desde 2018 ocupaba un puesto en la Secretaría Técnica de la Fiscalía, el órgano de apoyo directo de la fiscal general. Peramato justificó la elección destacando el «alto nivel de competencia técnica, rigor profesional y acreditada capacidad para afrontar responsabilidades de especial complejidad y exigencia» de Martín, así como su plan para transformar la Fiscalía Superior de Madrid bajo principios de excelencia, cohesión y servicio público.

La salida de Lastra, que había estado al frente de la Fiscalía Superior de Madrid durante cinco años, ha generado una fuerte controversia dentro de la carrera fiscal. La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en el Ministerio Público y de corte conservador, criticó abiertamente la decisión de Peramato, acusándola de culminar el «plan de evacuación» del equipo de apoyo de García Ortiz. La AF señaló que la candidata elegida, Isabel Martín, se encontraba 800 puestos por debajo de Lastra en el escalafón de la carrera fiscal, lo que, a su juicio, evidencia que la renovación no respondía a criterios objetivos de mérito y capacidad.

La asociación profesional destacó que Lastra cuenta con 35 años de carrera profesional intachable, sin que su desempeño pueda «ser objeto de reparo alguno». Además, subrayaron que «tuvo la osadía de contradecir la doctrina oficialista con ocasión de los graves cargos penales que se imputaron a García Ortiz y por los que resultó condenado, siendo su testimonio uno de los elementos probatorios que fueron objeto de valoración en sentencia». Para la AF, Lastra actuó con «una serena autonomía que es consustancial a la condición de fiscal», lo que le permitió contemplar los hechos «desde la neutralidad», sin atender previamente «al autor, a lo que alguien pueda esperar de nosotros o a las consecuencias de actuar honestamente».

El caso que llevó a Lastra a testificar contra García Ortiz se remonta a la filtración de datos reservados sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. García Ortiz fue condenado por revelar información confidencial, y el testimonio de Lastra fue considerado una pieza clave en el proceso judicial. Su enfrentamiento con la cúpula de la Fiscalía durante ese juicio la convirtió en un símbolo de la independencia fiscal frente a las presiones políticas, pero también la situó en el punto de mira de la nueva dirección del Ministerio Público.

Por su parte, Teresa Peramato ha negado categóricamente que haya llevado a cabo ninguna «purga» de fiscales díscolos desde su llegada al cargo. La fiscal general del Estado, que sustituyó a García Ortiz tras su condena, ha defendido que los cambios producidos «están dentro de la normalidad», argumentando que los cargos de fiscal jefe tienen una duración de cinco años y que su renovación o relevo forma parte de la gestión ordinaria de la institución. Sin embargo, los críticos consideran que la elección de una candidata con menor rango en el escalafón y estrechamente vinculada al equipo de apoyo de García Ortiz refuerza la tesis de una purga encubierta.

El recurso presentado por Lastra ante el Tribunal Supremo busca anular el nombramiento de Isabel Martín y forzar una revisión de los criterios utilizados para su relevo. La decisión del alto tribunal será observada con atención tanto por la carrera fiscal como por el ámbito político, ya que podría sentar un precedente sobre los límites del poder discrecional de la fiscal general del Estado en la designación de altos cargos. Mientras tanto, la Asociación de Fiscales ha reiterado su apoyo a Lastra y ha instado a la institución a garantizar que la independencia de los fiscales no sea penalizada con decisiones administrativas que puedan interpretarse como represalias.

El caso pone de relieve las tensiones internas en la Fiscalía española tras la condena de García Ortiz, y plantea interrogantes sobre la independencia del Ministerio Público frente al poder político. La resolución del Supremo no solo determinará el futuro profesional de Lastra, sino que también enviará una señal sobre la capacidad de la institución para proteger a aquellos fiscales que actúan con autonomía y neutralidad en casos de alta sensibilidad política.