Los incendios forestales de quinta y sexta generación se han convertido en un problema estructural para España. Según un análisis geoeconómico reciente, el año 2026 será recordado como el peor en la historia reciente del país en cuanto a olas de fuego, con una superficie arrasada estimada de cerca de 172.000 hectáreas y más de 180.000 residentes afectados en provincias como Ávila, Madrid y Castellón. Estos eventos no solo devastan el paisaje y el medio ambiente, sino que también actúan como disruptores de las cadenas de valor territoriales, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, la biodiversidad y la estabilidad geopolítica.
Desde una perspectiva geoestratégica, los incendios representan un desafío que va más allá de lo ambiental. Afectan la soberanía territorial, la seguridad económica, las cadenas de suministro y la autonomía tecnológica de España. El país, con su posición geográfica privilegiada en el Mediterráneo occidental —clima semiárido, relieve montañoso y proximidad a África— es especialmente vulnerable a la combinación de sequías prolongadas, olas de calor y vientos que aceleran la propagación del fuego. Esta configuración, agravada por el cambio climático, genera incendios de sexta generación capaces de crear su propio sistema meteorológico, con pirocúmulos y vientos erráticos que superan los 30 kilómetros por hora.
El abandono del territorio rural y la acumulación de biomasa combustible han convertido los montes en reservorios de incendio. La despoblación del interior, conocida como «España vaciada», ha agravado el problema. Según el análisis, el presupuesto anual dedicado a política forestal no alcanza los 300 millones de euros, y la ejecución de los fondos de resiliencia europeos para la gestión forestal apenas llega al 20 % en cuatro años. Las ayudas para el cuidado del monte son de solo 11 euros por hectárea al año, una cifra insuficiente para mantener los bosques en condiciones que reduzcan el riesgo de grandes incendios.
En el plano económico, los incendios forestales generan pérdidas millonarias, no solo por la destrucción directa de capital natural, sino también por el impacto en sectores clave como el turismo, la agricultura, la ganadería y las explotaciones madereras. Además, afectan la salud pública debido al humo y las cenizas. Desde una óptica geoeconómica, España depende de importaciones de tecnología de extinción, como hidroaviones y helicópteros. En este contexto, se menciona la adquisición de ocho aeronaves a una empresa rusa, lo que evidencia una dependencia estratégica que podría resultar crítica en un escenario de tensiones geopolíticas.
Frente a esta realidad, los expertos coinciden en que España debe transformar su vulnerabilidad geográfica en una ventaja competitiva. Para ello, proponen desarrollar programas públicos y privados que integren la prevención basada en tecnología, mejorar la gobernanza y coordinar los niveles administrativos. También señalan la necesidad de reformar la regulación medioambiental, que actualmente dificulta que quienes viven y trabajan en el campo obtengan incentivos económicos reales para mantener los bosques. La explotación sostenible de la biomasa forestal, que en España asciende a 46 millones de metros cúbicos anuales en una superficie de 28 millones de hectáreas, podría generar empleo estable en el ámbito rural y reducir el combustible disponible para los incendios.
El análisis concluye que los incendios de quinta y sexta generación han desbordado las capacidades tradicionales de extinción. La única salida viable es un cambio de modelo que combine prevención tecnológica, gestión forestal sostenible y un replanteamiento de las políticas de desarrollo rural. De lo contrario, las pérdidas económicas y geoestratégicas seguirán creciendo, y España continuará expuesta a un riesgo que, lejos de ser meramente ambiental, es un desafío para su soberanía y su futuro económico.